El 12 de julio, el Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras (FSR) de la UE entró oficialmente en vigor. Este proyecto de ley establece que si las empresas no pertenecientes a la UE reciben subvenciones de países no pertenecientes a la UE, la Comisión Europea (CE) tiene derecho a prohibir su participación en fusiones y adquisiciones o adquisiciones públicas en la UE. Esto presenta nuevos desafíos regulatorios para las empresas, especialmente para aquellas que reciben un gran apoyo financiero de países no pertenecientes a la UE.

La definición de financiación pública es amplia, que incluye subvenciones, préstamos o beneficios fiscales habituales, y puede incluir beneficios fiscales de la Ley de Reducción de la Inflación o la Ley de Chips y Ciencia de EE. UU., así como reembolsos bajo el sistema fiscal internacional de dos pilares de la OCDE. Al mismo tiempo, la Ley de Chips Europea de la UE planea invertir 43?000 millones de euros para apoyar el desarrollo de la industria de chips local. Si esto constituye una doble vara de medir y su impacto en las transacciones comerciales futuras aún debe observarse.

La obligación de notificación de las empresas entrará en vigor el 12 de octubre de 2023. Para algunos sectores que reciben una gran cantidad de subvenciones públicas, como el sector de los chips, el umbral no es alto. Esto puede llevar a que las grandes empresas de algunos sectores queden excluidas naturalmente del mercado de fusiones y adquisiciones de la UE. Sin embargo, aún debe evaluarse cómo determinar con precisión qué tipo de subvenciones proporcionadas por países no pertenecientes a la UE se consideran o no problemáticas.

Ninette Dodoo, codirectora del departamento de antimonopolio de China en la firma de abogados Freshfields Bruckhaus Deringer, destacó los tres problemas que plantea este proyecto de ley: la definición amplia de financiación pública; los inversores deben juzgar por sí mismos la naturaleza, el tipo y el alcance de la financiación pública, lo que aumenta la carga de trabajo; el proyecto de ley afecta el cronograma de las transacciones.

En respuesta a este proyecto de ley, Dodoo recomienda que las empresas de la UE comiencen a monitorear la financiación pública lo antes posible, realicen una diligencia debida sobre la financiación pública y se comuniquen activamente con la CE para prepararse para posibles exenciones y reducir los costos de recopilación de información y cumplimiento. En este contexto, incluso si existe un proyecto de ley para regular las subvenciones dentro de la UE, como el Reglamento sobre Ayudas Estatales, este reglamento también limita en cierta medida las ayudas estatales de los países miembros, pero también permite excepciones en algunos campos.

La presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, también expresó su preocupación por los "subsidios verdes" de Estados Unidos y la Unión Europea, y pidió vigilancia contra los subsidios verdes "que se deslicen hacia el proteccionismo". Georgieva sugirió que las políticas deberían centrarse en la transición verde en lugar de proporcionar ventajas competitivas a las empresas nacionales.